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Matutes achaca los incidentes de Almería al aumento de los inmigrantes clandestinos EL PAÍS
Piqué había declarado el lunes que los incidentes xenófobos
de El Ejido demostraban la necesidad de reformar la Ley de Extranjería,
como defiende el PP en su programa electoral. Al día siguiente rectificó
y dijo que quizá no se había expresado bien, pero no se libró
de las durísimas críticas del PSOE, IU y CiU, además
de las que le dedicaron los sindicatos y organizaciones sociales. Le acusaron
de demagogia, electoralismo e inmoralidad política y le situaron
en la extrema derecha por esas palabras.
Pero, ayer, el jefe de la diplomacia española no se arredró
y volvió a referirse a la necesidad de reformar esa nueva normativa
en presencia de Belarbi, pese a que el Gobierno de Marruecos emitió
el martes un comunicado en el que "deplora que la explotación de
incidentes aislados hecha por algunos sectores españoles para cuestionar
la nueva legislación sobre inmigración en España".
Matutes dijo que no se puede culpar de estos sucesos a la Ley de Extranjería,
pero advirtió de la necesidad de reformarla para "regular bien"
la inmigración y evitar "situaciones incontroladas".
El ministro de Exteriores señaló la necesidad de reforzar
las relaciones de confianza entre las sociedades española y marroquí,
con el fin de evitar episodios racistas. "Hay que luchar contra los estereotipos
y hacer esfuerzos para comprender a la otra parte", aseguró, y añadió
que existen "sectores" interesados en aprovechar conflictos como los de
El Ejido para "acentuar artificialmente las diferencias". Eso sí,
calificó de "excelentes" las relaciones entre España y Marruecos.
Menos optimista, Aicha Belarbi reconoció que el brote xenófobo en Almería ha abierto una "crisis en esas relaciones", y recordó que la población marroquí participa en el desarrollo de la región, pese a lo cual "se ha visto que la comunidad marroquí está totalmente desintegrada, que no es del todo apreciada por la población". "Los inmigrantes, como los españoles, tienen derechos, y esos derechos deben respetarse, y el Gobierno español debe hacer lo posible para protegerles", advirtió. |
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