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El Gobierno sólo asignó a Almería el 40% de los inmigrantes que pidió la patronal en 1999 La Mesa Hortofrutícola dice que los invernaderos necesitan 25.000 trabajadores en temporada alta T. CONSTENLA / A. TORREGROSA
La Mesa Hortofrutícola de Almería, que se reunió
ayer para evaluar las perdidas que está provocando la huelga de
los inmigrantes a las explotaciones agrarias de la provincia, lanzó
duras críticas contra la política de inmigración diseñada
por la Administración central.
El vicepresidente de la Mesa, Juan Colomina, aseguró que las
actuaciones en materia de inmigración del Gobierno han sido "demasiado
restrictivas y han condenado a los inmigrantes a ser ilegales y a los agricultores
a contratar ilegales".
Colomina indicó que la Mesa Hortofrutícola realizará
un estudio para conocer con exactitud la mano de obra que los empresarios
agrícolas requieren para recoger y distribuir sus producciones.
Los empresarios creen que la actual cifra de inmigrantes con su situación
regularizada resultan insuficientes, aunque también estiman que
la actividad de los invernaderos no será suficiente para absorber
a todos los inmigrantes sin papeles.
Los cultivos bajo plástico de Almería necesitan un mínimo
de 20.000 inmigrantes, que se incrementan hasta 25.000 en momentos de temporada
alta, según las cifras facilitadas ayer por el vicepresidente de
la Mesa Hortofrutícola de Almería.
Una demanda que está lejos de ser cubierta por la Administración
central: el número de extranjeros extracomunitarios con permiso
de trabajo en 1999 que residían en la provincia rondaba los 17.000
(más de 5.000 en El Ejido). De ellos, sólo alrededor de 1.500
proceden de continentes distintos al africano.
A través del contingente de este año, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales asignó 2.600 plazas a Almería,
una cifra que ni siquiera resolvía la tercera parte de las necesidades
de los agricultores. En ese año, los empresarios pidieron 8.274
inmigrantes, mayoritariamente para la actividad agrícola en invernaderos.
Contingente anual
Con el contingente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende
las necesidades de mano de obra de extranjeros que reclaman los empresarios
anualmente. Es una fórmula que complementa a los permisos de trabajo
ordinarios, que se otorgan por periodos trimestrales, semestrales o anuales,
y que permite regularizar la situacion de residentes sin papeles, o también
solicitar a trabajadores en su país de origen.
Aunque en principio se estimaron 2.600 solicitudes y luego se amplió
el cupo a 3.326, más de 4.900 peticiones de trabajadores extranjeros
fueron desatendidas por la Administración. Tampoco agregando los
1.900 permisos de trabajo ordinarios concedidos, hasta septiembre de 1999,
se alcanzaría a cubrir las necesidades mínimas de mano de
obra de los invernaderos almerienses. Un desfase que, en opinión
de las organizaciones agrarias, también favorece la pervivencia
de las irregularidades laborales.
La entrada en vigor de la nueva ley de Extranjería denotó
que el número de inmigrantes en situación irregular era mucho
mayor que el previsto por la Administración, que solía cifrar
en 4.000 el número de extranjeros sin papeles.
Sólo en los cuatro primeros días tras la promulgación
de la ley, 7.000 personas se acercaron a las oficinas del Ministerio de
Trabajo en la capital almeriense para normalizar su situación.
La Mesa Hortofrutícola de Almería calcula que, en los
últimos tres años, se han establecido en la provincia unos
12.574 inmigrantes y prevén que sigan aumentando en los próximos
años debido al "efecto llamada", informa Efe.
Un efecto que parece confirmarse a la vista del desembarco masivo de inmigrantes, que llegan a las costas andaluzas en pateras. Sólo en Cádiz, los servicios costeros de la Guardia Civil han detenido en 41 días a 867 inmigrantes, que representan más del 30% de todos los arrestados durante 1999. |
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