DESPUÉS DE EL EJIDO

Ana Palacio (*) 

El Ejido nos ha enseñado que la tradición de emigración de los españoles no ha generado entre nosotros anticuerpos del racismo y la xenofobia. Tampoco en esto nos diferenciamos de nuestros conciudadanos europeos. Envejecemos como población y las cotas de bienestar alcanzadas hacen que determinados puestos de trabajo no se cubran ya desde las bolsas de paro interno. 

En este contexto, nos debemos una seria reflexión sobre la nueva ley de extranjería. Porque en una Unión Europea sin fronteras es imprescindible una política de inmigración coordinada, común, para hacer realidad el espacio de libertad, de seguridad y de justicia, al que los europeos legítimamente aspiramos.

Importa destacar, en primer lugar, el consenso básico existente sobre la necesidad de potenciar la integración de los inmigrantes en la sociedad y la especial atención de los poderes públicos en tres ámbitos básicos: trabajo, vivienda y educación. 

El establecimiento de un cupo máximo de inmigración anual es otro aspecto de evidente importancia sobre el que existe acuerdo. Y también lo hay en cuanto a la necesidad de luchar eficazmente contra la entrada irregular de inmigrantes: para garantizar la eficacia del contingente como instrumento de regulación que asegure la efectiva integración en condiciones legales dentro de nuestro mercado de trabajo, y porque está ampliamente en manos de redes de criminalidad organizada que propician no sólo este hecho sino la comisión de múltiples otros delitos contra los propios inmigrantes, sus derechos fundamentales, y contra la sociedad española en general. 

Y, por ello, el continente anual no puede convertirse en instrumento de legitimación sobrevenida del inmigrante irregular. Lo contrario supondría no sólo un efecto llamada, sino -sobre todo- un premio para las mafias que controlan este repugnante comercio.