La inmigración en España

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid 
La explosión de violencia xenófoba en El Ejido (Almería) y la polémica en torno a la Ley de Extranjería han puesto en primer plano el nuevo papel de España como país receptor de inmigrantes, aunque todavía se trata de un fenómeno incipiente. Más de 2,5 millones de españoles siguen viviendo en el extranjero y sólo unos 800.000 extranjeros residen en España. Suponen el 1,3% de la población total, uno de los porcentajes más bajos de Europa.
 
 

Pero es verdad que la cifra de emigrantes españoles se va reduciendo paulatinamente, mientras que la de inmigrantes se ha duplicado en la última década. A muchos se les recibe con los brazos abiertos. A la mitad, casi exactamente. Son los ciudadanos comunitarios, con un alto nivel de renta. Entre ellos, unos 80.000 pensionistas que han borrado el castellano en amplias zonas de muchas localidades turísticas.
 
 

Lo que provoca la zozobra de algunos sectores son los llamados inmigrantes económicos. Marroquíes, peruanos o dominicanos, cuya cifra se ha multiplicado por diez en los años noventa hasta superar las 200.000 personas, sin contar a los irregulares.
 
 

Al principio, España era sólo un puente de paso hacia Europa, su verdadero objetivo. Pero poco a poco empezaron a establecerse. Aunque el paro supera todavía el 15% de la población activa, un porcentaje sin parangón en Europa, cada vez resulta más difícil encontrar españoles dispuestos a emplearse en el campo, la construcción o el servicio doméstico.
 
 

Y los inmigrantes han llenado ese hueco. Un hueco que se irá ampliando, porque España, con sólo 1,07 hijos por mujer fértil, la natalidad más baja del mundo, envejece a marchas forzadas y en las próximas décadas harán falta millones de brazos foráneos para mantener el aparato productivo. Y el sistema de protección social.
 
 

El coste para el Estado de la población inmigrante es mínimo, incluso contando con la extensión de la cobertura sanitaria y la educación, previstas en la nueva Ley de Extranjería. Sólo unos 17.000 inmigrantes cobran algún subsidio, por más de 300.000 que cotizan a la Seguridad Social.
 
 

Hasta los más reacios reconocen que España necesita mano de obra extranjera. Y proyectan repetir los grandes convoyes ferroviarios que hasta hace bien poco transportaban a decenas de miles de jornaleros andaluces a la vendimia francesa. Con billete de ida y vuelta. Proponen ordenar su llegada, garantizar que todos vienen con contrato, que se les aloja en condiciones dignas. Asegurarse, sobre todo, de que cuando el ciclo económico cambie y los puestos de trabajo, incluso los más penosos, escaseen, no se los disputen a los españoles.
 
 

El problema es que la mano de obra tiene voluntad propia. Y muchos, aunque tuvieran otra intención, se quedan para siempre. La doble valla metálica, más de 10.000 millones de inversión, que blinda Ceuta y Melilla no interrumpe el flujo. Como mucho lo desvía, hacia la pateras que cruzan el Estrecho. Y si la Guardia Civil lo impide, hacia Canarias.
 
 

Bastantes extranjeros que entran legalmente acaban en la clandestinidad cuando se les agota el visado de turista y no logran renovarlo. Viven al margen de la ley, evitando siempre a la policía. Trabajando en la capa más profunda de la economía sumergida.
 
 

Las dos regularizaciones realizadas hasta ahora dejaron fuera a varios miles de inmigrantes que no cumplían los requisitos exigidos o no podían acreditarlo. Más de 60.000 solicitudes se presentaron para los 30.000 empleos del cupo de 1999. La mitad se quedó sin permiso de trabajo.
 
 

Y la ilegalidad es el caldo de cultivo de la delincuencia. Los extranjeros sólo suponen el 1,3% de la población española, pero representan más del 17% de la población reclusa. La asociación de la imagen del extranjero con la del delincuente es la base de la que se nutre la xenofobia.
 
 

La integración es la única vacuna eficaz que se conoce. Mientras llegan nuevos inmigrantes, ya está creciendo una primera generación de españoles de piel oscura, ojos rasgados, religión musulmana o apellido eslavo. Para la escuela constituye un verdadero reto. Evitar la creación de guetos, integrarlos sin obligarles a renunciar a la cultura de sus padres es indispensable para no tener que enfrentarse mañana a una juventud desarraigada.
 
 

Hasta que estalló El Ejido, las encuestas repetían de manera machacona y complaciente que los españoles no eran racistas. Tampoco tenían con quién. 

Manuel Moreno Preciado tomó conciencia de que su país era pobre cuando en 1966, con 19 años, cruzó los Pirineos camino de Zúrich (Suiza). Había nacido en Medina de las Torres (Badajoz) y tenía el título de mecánico fresador. Su familia le despidió "como si fuera a la guerra". El barracón en el que se alojó al llegar recordaba a los campos de concentración. El idioma (alemán) suponía una barrera casi infranqueable para relacionarse con la población local, que le miraba con recelo. "A veces te decían: 'Si no estáis a gusto, volveos a vuestro país'. Éramos los moros y los negros de la época". En total, vivió 16 años en Suiza. Volvió en 1985, con su esposa española, a la que conoció en Ginebra, arriesgándose a engrosar las filas del paro. Pero era "entonces o nunca".
 
 

"Mentiría si dijera que me siento español, pero no me importaría morir en este país". Ababacarim Kebe, de 25 años, espera que la nueva Ley de Extranjería le permita legalizar su situación en España, donde vive desde 1996. Salió de Senegal con el objetivo de reunirse en Italia con dos hermanos. Pero en Marruecos supo que los papeles por los que pagó unas 250.000 pesetas eran falsos. Entró clandestinamente en Ceuta y seis meses después cruzó el Estrecho, haciéndose pasar por ruandés, como le aconsejaron. Cuando se descubrió el engaño, le quitaron la documentación. Desde entonces vive, en la ilegalidad, de la venta ambulante. Pero ni en los peores momentos, asegura, ha cometido ningún delito. "Algunos se desesperan y caen en ese error. No lo harían si pudieran ser legales".
 
 

José Miguel Pérez Gijón, de 35 años, posee dos invernaderos en La Mojonera (Almería), a unos 15 kilómetros de El Ejido. Tiene empleados a cuatro jóvenes de Guinea Bissau, pues no hay españoles dispuestos a realizar ese trabajo. El jornal oscila entre 4.300 y 5.000 pesetas diarias, asegura. "Intento tener siempre legales, pero si he metido algún ilegal le he pagado lo mismo". Ahora está tramitando el permiso a un inmigrante y ya ha legalizado a media docena. La multa por emplear a un irregular supera el millón, aunque a él no le ha visitado ningún inspector en 13 años. "No intento justificar lo que ha pasado", dice de los recientes incidentes, "pero hay mucha más delincuencia que antes. Se ven grupos de marroquíes por la calle en actitud provocativa y la gente tiene miedo". 

El PP es el único partido que propone "reformar la recién aprobada Ley de Extranjería". No es sorprendente, pues la nueva norma se aprobó en el último pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos, salvo el popular. Según asegura en su programa electoral, la reforma viene obligada por "los compromisos y responsabilidades asumidos en la Unión Europea en el Consejo de Tampere". El documento no da muchas pistas sobre cuáles son las modificaciones que quiere introducir. De las declaraciones realizadas por responsables del Gobierno y de las enmiendas presentadas por el PP cuando la ley se tramitó en el Senado cabe deducir que cambiaría, al menos, los siguientes puntos: eliminación de los derechos de los residentes irregulares, salvo la asistencia sanitaria y la educación obligatoria; rechazo de la equiparación de derechos entre extranjeros y españoles; negativa a conceder un abogado de oficio a quienes se impida entrar en territorio español y oposición a que la denegación de las peticiones de visado deba ser motivada. Esta reforma puede resultar, sin embargo, inviable, pues el programa del PP asegura querer abordarla "con el máximo acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias" y éstas, de momento, no parecen estar por la labor.
 
 

PSOE / Aplicación y desarrollo de la nueva legislación
 
 

El programa de gobierno pactado entre el PSOE e Izquierda Unida no alude al fenómeno de la inmigración. El programa electoral socialista sí dedica a este asunto un apartado, pero, quizá porque se redactó hace meses, en él no se revela cuál será la actitud del PSOE ante la pretensión del PP de reformar la recién estrenada Ley de Extranjería. La ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández sostiene que su partido defenderá "que se cumpla y desarrolle la ley", aprobando su reglamento en el plazo de seis meses. Es en el marco de dicho reglamento, que debe acordarse con las organizaciones sociales -como hizo el último Gobierno socialista con el reglamento de 1996-, donde pueden cubrirse las "lagunas" apreciadas en la nueva norma legal. El PSOE, agrega Fernández, "no cierra la puerta" a una futura reforma de la ley, "si realmente se demuestra, en su aplicación práctica, que tiene algún fallo". Pero ella no cree que sean tantos ni tan graves como pretende el PP. Y agrega que una eventual reforma sólo estaría justificada a medio plazo, siempre que se hiciera con un amplio respaldo parlamentario. Mientras, debe aplicarse. También en la escuela. Sancionando, incluso con la retirada de la subvención pública, a los colegios concertados que recurren a triquiñuelas para incumplir su deber de escolarizar a los niños extranjeros o de minorías étnicas.
 
 

IU / Plena igualdad de derechos sociales, económicos y políticos
 
 

Izquierda Unida aboga en su programa electoral por el "cumplimiento efectivo" de la nueva Ley de Extranjería, de forma que se garantice "la plena igualdad de derechos sociales y económicos" entre españoles y extranjeros. Pero, avanzando un paso más allá de la ley, reclama también para los inmigrantes el "reconocimiento de los derechos políticos plenos, incluyendo el derecho al sufragio municipal". La coalición aboga por una "política de control de flujos no restrictiva" y por el tratamiento de este fenómeno "como un asunto social o de desarrollo y no como un asunto policial o de orden público". Propone, en consecuencia, la supresión de los llamados contingentes o cupos, que limitan los permisos de trabajo concedidos a los inmigrantes a un determinado número de empleos en sectores de actividad y provincias concretas. También aboga por eliminar "las normas excepcionales que pesan sobre los inmigrantes": expulsiones, centros de internamiento, etcétera. Tras manifestar su "oposición a la Europa fortaleza", demanda una regulación de los derechos de extranjeros residentes (tanto comunitarios como no comunitarios) "para superar el déficit social de la construcción europea". La aprobación de programas de inserción social de los inmigrantes, acordados entre el Estado y las comunidades autónomas, y la promoción del asociacionismo completan sus propuestas. IU aboga por reformar la ley, pero no la de Extranjería, sino la de Asilo y Refugio, para evitar su actual aplicación "restrictiva".
 
 

CiU y CC / Los nacionalistas quieren fijar su propio cupo de extranjeros
 
 

La coalición nacionalista Convergència i Unió (CiU) pide en su programa electoral el traspaso a la Generalitat catalana de la "gestión de los trámites para obtener el permiso de residencia y el permiso de trabajo que realizan las oficinas provinciales de extranjería", así como "la capacidad de establecer anualmente el contingente de mano de obra que se fija, el número y las características de las ofertas de trabajo en Cataluña que se ofrecen a trabajadores extranjeros". También Coalición Canaria (CC), apelando al artículo 37 del Estatuto de Autonomía, reclama "la participación de Canarias en las decisiones que afectan a la residencia y trabajo de extranjeros en el archipiélago". Se trata de una reivindicación conflictiva, pues la política de extranjería es competencia exclusiva del Estado. CiU y CC jugaron un papel fundamental en la tramitación de la Ley de Extranjería. Los nacionalistas catalanes, impulsores del proyecto, pactaron con el PP su modificación en el Senado, a cambio de suavizar el giro restrictivo que pretendía el Gobierno. CC frustró el pacto, al oponerse al mismo cuando el texto volvió al Congreso. Ahora, CiU asegura que "vigilará de cerca la aplicación de la Ley de Extranjería" e impulsará su rápido desarrollo reglamentario. Nada dice su programa electoral de cambiar la ley, pero el cabeza de lista de la coalición por Barcelona, Xavier Trias, se ha mostrado dispuesto a discutir la reforma "si es para mejorar la le. Si es para reducir los derechos de los inmigrantes, nos opondremos rotundamente". 

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