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Sábado
12 febrero
2000
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El Gobierno y la Junta andaluza amplían a 800 millones el plan de emergencia
ALEJANDRO BOLAÑOS
Sevilla
La intervención de emergencia que decidieron emprender el pasado
martes el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el Poniente
almeriense irá más allá de la instalación de
viviendas temporales para los inmigrantes que se hacinan en cortijos y
chabolas. La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez
(que anunció que el martes realizará un viaje a Marruecos
para iniciar una colaboración entre ambas administraciones que permita
a las personas inmigrantes retornar con apoyo) asistió ayer a la
primera reunión del grupo de trabajo que coordinará el plan
de actuación, en el que ambas Administraciones han previsto, por
ahora, un gasto conjunto de 800 millones de pesetas.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo, Manuel
Pimentel, ya se comprometieron el martes a invertir 200 millones en la
construcción de viviendas para los inmigrantes del Poniente. En
aquella ocasión, Chaves presentó a Pimentel un documento
con cinco propuestas de emergencia para mejorar las condiciones socio-económicas
que han estado en el origen de los disturbios xenófobos de El Ejido.
El grupo de técnicos de la Junta y el Ministerio que se constituyó
ayer en Sevilla desarrollará esas propuestas a partir de la próxima
semana en Almería.
La Cruz Roja se hará cargo de la instalación de tiendas
de campaña para el alojamiento provisional de inmigrantes, hasta
que los Ayuntamientos de la comarca cedan suelo a la Junta y el Gobierno
para construir viviendas. Además, el plan prevé crear nuevos
cursos de formación para los trabajadores inmigrantes y reforzar
los centros de enseñanza para facilitar la escolarización
de los menores extranjeros.
Ley de Extranjería
El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez
Saldaña, añadió que también se destinarán
fondos a establecer "ayudas públicas en la reposición de
los daños causados en los incidentes" y a realizar una "campaña
de sensibilización para mejorar la convivencia entre inmigrantes
y almerienses". Los 600 millones adicionales se detraerán del Fondo
de Emergencia Social, que se constituye con subvenciones del 0,5% del IRPF.
Amalia Gómez indicó que el plan servirá, entre otras cosas, para incrementar los recursos de la Administración y facilitar así la aplicación de la Ley de Extranjería en la comarca, pese a que el PP insiste en la necesidad de reformarla. Resaltó la necesidad de "regularizar la situación de los inmigrantes" sin documentos que viven en la provincia, que cifró en 5.000 personas, aunque otras fuentes estiman que pueden superar las 20.000. "Lo primero es acelerar el empadronamiento para que tengan derecho a educación, sanidad y prestaciones sociales, como dice la nueva ley", dijo el consejero andaluz.
