Sábado
26 febrero
2000 - Nº 1394
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Los inmigrantes de El Ejido amplían su plazo al Gobierno para cumplir lo pactado
El nuevo margen dado por los marroquíes concluye el 14 de marzo
J. A. RODRÍGUEZ / S. F. FUERTES, Almería
Los inmigrantes marroquíes de El Ejido (Almería) han
acordado dar un nuevo plazo al Gobierno hasta después de las elecciones
para que sean realojados aquellos que se quedaron sin techo y se indemnice
a los comerciantes cuyos establecimientos fueron asaltados y saqueados
durante los recientes disturbios racistas. La decisión de seguir
trabajando será revisada por los magrebíes el 14 de marzo,
si bien el Ejecutivo se ha comprometido a tener acabados antes del día
10 sus deberes más urgentes.
Subdelegación del Gobierno en Almería (J. Rojas). |
No obstante, la última palabra la tienen las asambleas y no se
descartan medidas de presión para que la Administración se
dé prisa en cumplir su palabra. "Si no cumple, haremos una huelga
legal con todas sus consecuencias", advirtió ayer Omar el Hartiti,
líder de la comisión de inmigrantes.
La fecha en la que debía haberse cumplido lo pactado el día
12 expiraba ayer, momento hasta el que el paro en los invernaderos estaba
suspendido cautelarmente.
Los braceros magrebíes, los empresarios y los sindicatos se dieron
cita en la Subdelegación del Gobierno en Almería. Los primeros
mostraron, de entrada, su malestar por la lentitud con que se está
realojando a quienes fueron expulsados a golpes o fuego de sus chabolas
y por la demora en el pago de las indemnizaciones. "El sábado pasado
se instalaron los primeros módulos en terrenos cedidos por agricultores
y se ha hecho lo que se ha podido", les informó el delegado gubernativo
en Andalucía, José Torres.
El segundo punto exigido por los marroquíes para no volver a
cruzarse de brazos es el del pago de compensaciones a los damnificados.
Por el momento, se han presentado casi 80 solicitudes de resarcimiento,
pero hasta ayer sólo se ha atendido una decena de ellas por un valor
conjunto de algo más de tres millones de pesetas. "Las previsiones
son que habrá que pagar algo más de 40 millones en principio
y el dinero ya está en las arcas de la Cruz Roja de Almería",
les aseguró Torres.
Además, el Ministerio de Administraciones Públicas se ha comprometido a crear otras nueve oficinas para la regularización de inmigrantes, un proceso que comenzará el 21 de marzo.
Los marroquíes criticaron ayer la actitud del Gobierno de Rabat
en el conflicto. Por un lado, le reprochan que no haya mandado una representación
oficial a El Ejido para abanderarles en sus reivindicaciones; por otro,
le acusan de infiltrar a agentes suyos en sus asambleas para tratar de
influir en sus decisiones.
Los inmigrantes aseguraron que en los primeros momentos, inmediatamente
después de los disturbios, su Ejecutivo era partidario del mantenimiento
de las movilizaciones, pero que cambió de criterio tras la firma
del preacuerdo que dejó en suspenso los paros mantenidos.
En su opinión, Marruecos estaría ahora presionando para
evitar la vuelta a la huelga, ya que le podría perjudicar en las
conversaciones que mantiene con la Unión Europea para renegociar
el acuerdo pesquero -la no renovación perjudicaría especialmente
a España- y la obtención de mejores condiciones para la exportación
de sus productos. Dichas presiones, afirman, se están llevando a
cabo de forma extraoficial mediante "agentes infiltrados en las asambleas".
"El Gobierno de Marruecos debe asumir su responsabilidad como la hemos asumido nosotros", declaró ayer Kamal Rhamaouni, presidente en Andalucía de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME). En la misma línea, Mohamed Mandi, de la asociación Mogador, criticó: "Hemos recibido apoyos de personas individuales, pero ninguna representación oficial se ha desplazado hasta aquí para aglutinar al colectivo".
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