FERNÁNDEZ
DE AREL/EFE
El
delegado del Gobierno, José Torres (a la izquierda), ayer con los
representantes de las entidades |
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ROCÍO
AMORES
ALMERÍA. - Los inmigrantes
de El Ejido anunciaron ayer la desconvocatoria definitiva de la huelga
en los invernaderos del Poniente almeriense, tras más de tres horas
de una reunión con agentes sociales, organizaciones de ayuda humanitaria
y representantes de las administraciones públicas presidida por
el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado,
en la que se comprometieron a acelerar sus principales reivindicaciones:
el alojamiento urgente de los "sin techo" y el pago de indemnizaciones.
Cruz Roja ha cifrado en
400 o 500 los inmigrantes sin techo necesitados de alojamiento urgente.
Los realojos empezaron el domingo día 20 con la instalación
de los primeros módulos en el cortijo de Águilas Bajas, en
una barriada próxima al núcleo urbano ejidense. Después
se han ido construyendo y ubicando otros módulos en las zonas de
tierras de Almería y Tarambana. Pese a todo, sólo hay un
centenar de inmigrantes albergados ya casi quince casas prefabricadas.
Torres Hurtado reconoció
que el proceso "ha tardado más de lo deseado porque hasta el pasado
miércoles los agricultores no cedieron terreno para la instalación
de las viviendas prefabricadas", aunque señaló que gracias
a la colaboración del Ayuntamiento el proceso se acelerará
y esta semana serán 170 personas las que se instalen en otros 22
módulos.
El delegado del Gobierno
indicó que los agricultores mostraban ciertas reticencias a ceder
terreno para la instalación de casetas, pero que el Ministerio de
Administraciones Públicas les ha garantizado que aquellos que participen
en el programa serán los primeros en recibir ayudas para la rehabilitación
de sus casas de apero.
Respecto a las indemnizaciones
que han de recibir los inmigrantes por los daños materiales sufridos
en vehículos locales y viviendas durante los incidentes racistas,
Torres Hurtado dijo que el Gobierno ha ingresado en la cuenta de Cruz Roja
cuarenta millones de pesetas, de los que tres se han repartido ya entre
los damnificados, y el resto se irá entregando a medida que se efectúen
las correspondientes peritajes.
La Administración
central y la autonómica se comprometieron a abrir nueve oficinas
de recepción de documentos de los inmigrantes para agilizar los
trámites necesarios para su regularización ante la nueva
ley de Extranjería. Se llegó al acuerdo de abrir nueve oficinas
en la zona del Poniente de Almería donde existen más de 15.000
inmigrantes, muchos de ellos ilegales, y de dotarlos de suficiente personal
administrativo para atender a todas las reivindicaciones.
El delegado del Gobierno
se comprometió a mantener la vigilancia actual en los invernaderos
durante los próximos meses y anunció que el secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá, mantendrá
contactos en Almería con todos los sectores relacionados con la
seguridad, con alcaldes y con la mesa de integración de los inmigrantes
para asegurar la vigilancia y evitar que se produzcan nuevos disturbios,
sobre todo en los lugares donde se instalarán el resto de viviendas
prefabricadas.
La comisión de seguimiento
de los acuerdos alcanzados con el colectivo inmigrante volverá a
reunirse el 14 de marzo para evaluar el cumplimiento del pacto y, según
Torres Hurtado, los inmigrantes pidieron a las administraciones que hicieran
un "esfuerzo" para que al menos el alojamiento y las indemnizaciones estén
completados el día 10. Durante la reunión se produjeron protestas
de algunos colectivos que consideraban que sus compañeros de la
mesa carecían de representatividad. Entre los que protestaban había
algunos que habían perdido sus viviendas y propiedades en los recientes
incidentes (hay al menos treinta familias esperando indemnizaciones).
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