EL PAÍS, Almería

Juan Enciso.

El alcalde de El Ejido durante los tres últimos mandatos, Juan Enciso, del Partido Popular, no se anda con zarandajas política o moralmente correctas a la hora de hablar de la Ley de Extranjería. Simplemente le repugna. El texto y quienes lo aprobaron. "Es imprescindible que se endurezcan los requisitos para que personas sin documentación puedan entrar en España. Las actuales condiciones sólo van a conseguir que cada vez sea más fácil que lleguen más sinvergüenzas", sentencia un hombre que ha adquirido un patrimonio considerable gracias a la explosión económica, que a los lugareños les gusta agradecer a partes iguales al inventor del plástico y a los brazos de los inmigrantes.

Precisamente, el discurso duro contra los inmigrantes ha sido el principal valor electoral de este alcalde, que no duda en erigirse en la carne y la sangre de la frontera de la Unión Europea cuando se trata de hablar de frenar la entrada del foráneo: "Estamos pensando en hacer un llamamiento tanto al Gobierno Civil (sic) como al propio Estado Central (sic) para que en tanto se cambian o no las leyes, que se incrementen las medidas de seguridad para intentar que estas personas que son portadoras de cuchillos y navajas puedan actuar lo menos posible. Este desastre de texto [la Ley de Extranjería] tendrá que ser modificado".

"Desafortunadamente todos los grupos que han aprobado la nueva ley han hecho que favorezca una avalancha de inmigrantes", asegura este hombre, que coqueteó con el GIL y fue urgentemente recuperado por el PP para no perder el municipio y obtener la mayoría en la Diputación de Almería.

Según sus críticos, Enciso tiene una visión del inmigrante unívoca. A pesar de contar con empresas familiares hortofrutícolas o de transporte y de dirigir un pueblo que ha pasado de desierto a vergel por una agricultura basada en la mano de obra barata (inmigrantes), Enciso se ha caracterizado por desalojar y derribar por meras razones "sanitarias" las casas en las que se habían colado los trabajadores inmigrantes sin domicilio, sin pensar a dónde irían esas personas que tenían el techo debajo del bulldozer municipal. Según diversos estudios, más del 80% de los inmigrantes que trabajan en El Ejido habitan en infraviviendas.

En 1997, Enciso le quitó hierro a la paliza que recibieron dos inmigrantes. Lo tachó de "incidente aislado, reprochable y sujeto a los cauces judiciales". Se echó de menos esta apertura de mente, esta mesura al hablar con los vecinos enardecidos tras los crímenes de la semana pasada y que acudieron al Ayuntamiento garrota en mano.

Enciso decidió no autorizar la manifestación vecinal del sábado, aunque sabía que era imparable. Según la oposición, el alcalde, más que detener la exaltación, le echó gasolina al permitir que la protesta se celebrara sin permiso, mientras la policía miraba hacia otro lado.

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