Jueves 10 febrero 2000 - Nº 1378 |
ESPAÑA
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La huelga en El Ejido crea crispación entre los inmigrantes magrebíes y los europeos Los empresarios contratan a trabajadores de la Europa del Este para sustituir a los marroquíes T. CONSTENLA / J. RODRÍGUEZ, El
Ejido
Los agricultores de El Ejido comienzan a dar señales de nerviosismo
por el plante decretado por los inmigrantes magrebíes a raíz
de los violentos incidentes desatados el sábado. Ante esta huelga
indefinida en plena recta final de la recolección, los propietarios
de invernaderos han optado por recurrir a contratar a trabajadores de países
de Europa del Este para sustituir a los marroquíes. Es el caso de
Miguel R. M., dueño de tres hectáreas en Santa María
del Águila, que ayer se desplazó hasta Roquetas de Mar para
contratar a cinco rumanos.
Fuentes policiales expresaron su temor a que este hecho provoque conflictos
entre los distintos colectivos extranjeros por el reparto del trabajo.
Miguel R. M., uno de los primeros empresarios en recurrir a mano de obra
europea, responsabiliza a la Administración central, por su pasividad,
del brote de violencia racista vivido en la comarca. "La culpa no la tienen
ni ellos, que han venido a buscarse la vida, ni los agricultores, que están
asombrados por lo ocurrido", sostiene. El agricultor, que espera volver
a contar con sus inmigrantes africanos cuando finalice el paro, teme que
las "represalias" se ceben ahora con los empresarios agrícolas.
La huelga, secundada de forma generalizada por los inmigrantes magrebíes
que trabajan en las 10.000 explotaciones de la comarca del Poniente, constituye
una "irresponsabilidad", según el secretario de organización
de COAG en Almería, Antonio Oliver. La preocupación del sector
ante el paro de los trabajadores se agrava al coincidir con la campaña
de recolección de numerosos cultivos en un momento en que pueden
beneficiarse de precios altos.
Aun así, Mustapha Ait-Korchi, representante de la Asociación
de Emigrantes Marroquíes en España, anunció que mantendrán
la huelga con carácter indefinido, salvo que se adopten unas medidas
"mínimas" para regularizar la situación del colectivo y garantizar
su "seguridad" después de que fueran asaltadas y destruidas parte
de sus viviendas y continuasen las amenazas. El paro está cada vez
más organizado, a través de una comisión central de
coordinación y de piquetes.
Sin embargo, no todos los agricultores creen que la huelga les perjudica.
Gabriel Martín, que ayer recogía pimientos junto a su hijo
y su nuera en Santa María del Águila, es de la opinión
de que podrán sacar adelante las cosechas sin la mano de obra magrebí.
"Si se van todos los inmigrantes, este país no se vendrá
abajo", dijo. Pese a esta convicción, el agricultor critica lo ocurrido
en los últimos días.
A pesar de que la violencia ha desaparecido casi por completo de la
zona, el despliegue policial -hay 675 efectivos en el área- se ha
reforzado con la llegada de 20 vehículos todoterrenos y otras tantas
motos para patrullar por el laberinto de caminos rurales ante el temor
a que los enfrentamientos puedan trasladarse a lugares aislados. Las Fuerzas
de Seguridad están especialmente en alerta durante el fin de semana.
Después de cinco días, ayer fue el primero en el que no
hubo heridos, aunque sí nueve detenciones de magrebíes. En
total, las fuerzas del orden han practicado ya 42 detenciones -26 magrebíes
y 16 españoles, de los cuales 8 están relacionados con la
brutal agresión al subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso, de
65 años-.
Los bomberos consiguieron sofocar por la mañana el espectacular
incendio de un almacén de reciclaje de plásticos en Vícar.
El siniestro, el segundo que afecta a una planta de almacenamiento de hule,
está siendo investigado por la policía por las coincidencias
en la forma en que se iniciaron ambos fuegos. También la sede de
la Federación de Mujeres Progresistas de El Ejido, destruida el
domingo, ha sufrido un nuevo percance: el robo de la documentación
sobre inmigrantes recogida por la asociación.
Indemnización
El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado,
admitió ayer que los índices de delincuencia en El Ejido
superan levemente los de otras poblaciones de dimensiones similares, aunque
rehusó achacarlo a la presencia de inmigrantes en la zona. Torres
avanzó que las Administraciones estudian la fórmula de indemnizar
a los propietarios de las viviendas y negocios destruidos durante las jornadas
de vandalismo xenófobo. Añadió que, pese a la relativa
vuelta a la normalidad, el fuerte despliegue policial, que incluye helicópteros,
se mantendrá "indefinidamente" para disuadir cualquier intento de
disturbios.
El ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, admitió ayer en Barcelona que es necesario efectuar "una autocrítica" sobre el papel de las Fuerzas de Seguridad del estado en los incidentes racistas de El Ejido. Algo que ya había mencionado el ministro del Interior, Jaime Mayor, quien sugería la creación de una Secretaría de Estado de Inmigración.
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